A- de 2022

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito del municipio de Frontino (Antioquia) y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín (Antioquia).

La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en una acción popular formulada por un ciudadano en contra del Notario del municipio de Frontino (Antioquia), por cuanto el inmueble donde se presta el servicio público no cuenta con “intérprete y guía intérprete de planta, tal como lo ordena la Ley 982 de 2005.

Tampoco cuenta con convenio o contrato con entidad idónea autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para atender población objeto de la Ley 982 de 2005.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte declaró que la autoridad competente para resolver el mencionado asunto es el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a donde ordenó enviar el expediente para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al otro operador jurídico involucrado.

La regla de decisión aplicada, es la definida en el Auto 1100 de 2021 y reiterada en el Auto 018 de 2022, la cual, establece que las acciones populares que se presenten en contra de notarías para obtener las adecuaciones y ajustes razonables que permitan el acceso efectivo al servicio público de las personas en situación de discapacidad serán competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto dicha pretensión está inescindiblemente relacionada con el acceso a la función administrativa que cumplen estos particulares (en los términos del artículo 15 de la Ley 472 de 1998), esto es, el desempeño de las atribuciones encomendadas a los notarios en su condición de fedatarios públicos previstas en el artículo 3° del Decreto 960 de 1970.